Cumpliendo el ineludible deber de servir siempre a la verdad, y ante el comunicado emitido por el Rectorado de la PUCP el pasado día 24 de los corrientes, la Oficina de Comunicaciones y Prensa del Arzobispado de Lima, una vez más, debe precisar lo siguiente:
1. El 30 de enero de 2006, la PUCP interpuso una demanda judicial contra el Arzobispado de Lima, pretendiendo desalojar al Centro Educativo Particular Peruano Chino Juan XXIII de su local institucional, por haberse negado a pagar la suma de U.S.$ 5’468,618 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Dicha acción judicial se inició sin la previa intervención de la Junta de Administración de la Herencia Riva Agüero, y sin considerar la misión de dicho colegio católico, el nombre que llevaba, los antecedentes de su fundación, y el espíritu que animó a la referida Junta de Administración a la cesión del terreno.
2. Posteriormente, el 05 de marzo de 2007, la PUCP interpuso una demanda judicial contra el Ing. Walter Muñoz Cho, persona designada por el Arzobispo de Lima para integrar la Junta de Administración instituida por don José de la Riva Agüero y Osma, encargada de administrar, de manera perpetua e insubstituible, el cuantioso patrimonio que dejó a favor de la citada universidad. Esta demanda fue, a propia petición de la PUCP, notificada también al señor Arzobispo de Lima.
3. Dicha acción judicial buscaba legalizar el ineficaz acuerdo adoptado aparentemente el 13 de julio de 1994 por los señores Salomón Lerner Febres y Carlos Valderrama Adrianzén, que eliminaba el funcionamiento principal de la Junta de Administración, cual es el velar por la adecuada administración del patrimonio heredado, pretendiendo limitar su actuación al cumplimiento de encargos religiosos y mandas menores.
4. En consecuencia, NO ES VERDAD que el Arzobispado de Lima haya iniciado una larga contienda contra la PUCP, ni, menos aún, que ésta dure doce años. FUE LA PUCP LA QUE INICIÓ LAS ACCIONES JUDICIALES CONTRA EL ARZOBISPADO DE LIMA EN EL AÑO 2006; esto es, hace cinco años. No conocemos ningún diferendo iniciado hace doce años, como sostiene el Rectorado.
5. También ES FALSO que el Arzobispo de Lima haya, en alguna oportunidad, iniciado una acción judicial contra dicha universidad. Por el contrario, es el Rectorado que, sin respetar principios elementales que deben guardar los miembros de la Iglesia, ni normas expresas del Derecho Canónico a las que se encuentran obligados sus integrantes, ha demandado judicialmente al señor Cardenal Arzobispo de Lima, su Gran Canciller.
6. La afirmación del Rectorado, consistente en señalar que con la medida dispuesta judicialmente por la Quinta Sala Civil de Justicia de Lima se busca asfixiar a la universidad, resulta inverosímil, pues lo ordenado no sólo encuentra amparo en el artículo 2019° del Código Civil, sino que, además, es acorde con la transparencia que debe orientar a toda institución, pues aquello que se inscribirá en los Registros Públicos, no es más que la voluntad de Riva Agüero, ratificada por el Tribunal Constitucional. Buscar ocultar ello no se condice con un actuar de buena fe.
Lima, 01 de marzo de 2011
Oficina de Comunicaciones y Prensa
Arzobispado de Lima
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