La situación en Nicaragua con respecto a la presencia religiosa en el país es preocupante
La expulsión de dos religiosas costarricenses de la congregación Dominicas de la Anunciata y la confiscación del monasterio de las hermanas trapenses son solo algunos ejemplos de la acción enérgica del gobierno nicaragüense contra la presencia religiosa.
Además, se han reportado otros casos de religiosos expulsados del país, como las Misioneras de la Caridad y el misionero claretiano panameño, padre Donaciano Alarcón. La anulación del estatus jurídico de las Misioneras de la Caridad por parte de la Asamblea Nacional en julio de 2022 y la expulsión del padre Donaciano Alarcón por orar por Mons. Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, condenado a más de 26 años de prisión, son acciones que generan preocupación en la comunidad religiosa y en la sociedad en general.
Además, la prohibición de las procesiones públicas durante la Semana Santa por parte del presidente Ortega también ha generado controversia. La policía arrestó a 20 personas por intentar celebrar la Semana Mayor, incluyendo al periodista Víctor Ticay, quien fue detenido por transmitir en redes sociales una celebración de Semana Santa un día antes.
Estas acciones del gobierno nicaragüense son una señal preocupante de la erosión de la libertad religiosa y de la democracia en el país. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deberían seguir vigilantes ante esta situación y presionar al gobierno nicaragüense para que respete los derechos humanos y las libertades fundamentales en el país.