Esta Jornada europea adoptará diversas formas: huelgas, manifestaciones, concentraciones y otras acciones. Ante este acontecimiento importante e histórico para la vida de los trabajadores y trabajadoras de Europa y para quienes sufren la lacra del […]
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Ante este acontecimiento importante e histórico para la vida de los trabajadores y trabajadoras de Europa y para quienes sufren la lacra del desempleo, nosotros como Movimientos Cristianos en el mundo obrero de España y Portugal, nos alegramos por esta jornada europea y hacemos pública nuestra posición.
Las tasas de pobreza y exclusión de nuestros países del sur de Europa están aumentando a un ritmo vertiginoso. Hay un ataque en toda regla a los derechos sociales y a la protección de las personas y familias trabajadoras con el argumento de priorizar el pago de la deuda. Una deuda que es ilegítima al proceder de préstamos que fueron concedidos y gestionados de manera dudosa, que atentan contra la dignidad de la vida de la ciudadanía, y ponen en peligro la convivencia pacífica entre los pueblos. La política europea, que tomó medidas desastrosas en algunos de los estados miembros, ha declarado como prioridad la salvación del sistema financiero y de los bancos, en lugar de rescatar a las personas. La deuda pública se está convirtiendo en un mecanismo de trasvase de riqueza de pobres a ricos. Por eso, cada vez hay más personas con empleos precarios o que no encuentran trabajo y con un futuro incierto, especialmente los jóvenes.
Entendemos que pese a la situación que estamos sufriendo, no podemos ni debemos olvidar a nuestros hermanos y hermanas de los países más empobrecidos de Europa del Este y de nuestro planeta. Lo que aquí empezamos a sufrir es lo que está sucediendo, sobre todo en el Sur, desde hace décadas, donde la deuda externa se ha cobrado millones de vidas, abocando al hambre y la esclavitud a miles de personas, familias y países enteros.
Las consecuencias de estas decisiones afectan al conjunto de la sociedad pero, de manera más dura, a los sectores del mundo del trabajo más débiles y empobrecidos. Estas consecuencias llevan al empobrecimiento generalizado y a la pérdida de cohesión social y de horizonte vital. Los grupos más castigados son los inmigrantes, los jóvenes, las mujeres y parados de larga duración…
Este año en la Iglesia celebramos “el Año de la fe”. Como parte de ella, se nos invita a profundizar en el Catecismo de la Iglesia, en donde leemos: “La regulación de la economía únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social, porque «existen numerosas necesidades humanas que no pueden ser satisfechas por el mercado». Es preciso promover una regulación razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y con vistas al bien común” (CIC, 2425).
Nosotras y nosotros, que formamos parte de estos movimientos, entendemos que quien debe promover esta regulación razonable del mercado, son los gobiernos. Pero en la situación actual, nuestros gobiernos son súbditos de la situación financiera y la única salida que nos están ofreciendo son políticas de recortes, que rebajan claramente los derechos de los trabajadores respecto a situaciones anteriores. Lo peor es que en los últimos años de nuestras democracias siempre pierden en el concierto social los mismos, y siempre los más débiles.
Por eso, la primera vía para intentar revertir esta situación de conflicto es el diálogo. Cuando éste no es posible, la propia Iglesia reconoce la legitimidad del recurso a “la huelga no violenta, cuando se presenta como el instrumento necesario, en vistas a unas mejoras proporcionadas y teniendo en cuenta el bien común” (CIC, 517). La política que se está desarrollando ha olvidado el sentido de la justicia y un trabajo en defensa de la fraternidad y el bien común.
Precisamente por esta razón, entendemos que esta convocatoria de huelga general y las movilizaciones en toda Europa están justificadas. Las políticas al servicio de las personas y de sus necesidades básicas deberían ser prioridad, por encima de los intereses de los mercados.
Una de las terribles consecuencias que ha provocado esta involución y regresión social, es la aparición de un sentimiento generalizado de miedo. Un estado de miedo e incertidumbre que se ha instalado para condicionar las expectativas y proyectos personales y familiares de las personas: miedo a perder el empleo, asumiendo así todo tipo de precariedad, miedo a las represalias por cualquier acción de protesta, miedo igualmente a secundar una convocatoria de huelga…
Mientras esto sea así, entendemos que hay legitimidad para actuar en defensa de los derechos de las personas y familias trabajadoras. A su vez reivindicamos, en el marco de esta Jornada europea de acción y solidaridad, el papel de la política y, en especial, de los sindicatos, que son la principal defensa organizada de los trabajadores.
Por todo ello, pedimos a los políticos, sindicatos, empresarios, entidades financieras y a los distintos expertos, que actúen con responsabilidad ante la gravedad de la situación actual, que puede empeorarse en el caso de que olviden este principio básico de humanidad: “las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre el incremento de los beneficios” (Juan Pablo II, Toronto 1984).
Queremos acabar invitando a vivir las palabras de nuestros obispos, al finalizar el reciente Sínodo sobre la Nueva Evangelización, celebrado en octubre:
“Al mundo de la economía y del trabajo queremos recordar como de la luz del Evangelio surgen algunas llamadas urgentes: liberar el trabajo de aquellas condiciones que no pocas veces lo transforman en un peso insoportable con una perspectiva incierta, amenazada por el desempleo, especialmente entre los jóvenes, poner a la persona humana en el centro del desarrollo económico y pensar este mismo desarrollo como una ocasión de crecimiento de la humanidad en justicia y unidad”.
MADRID, LISBOA, BRUSELAS
7 de noviembre de 2012