México, D.F., 24 de agosto de 2010.
En relación a la discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la acción de inconstitucionalidad 2 / 2010 promovida por el Procurador General de la República acerca de las reformas a los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal que reconoce las uniones entre personas del mismo sexo y la adopción de menores, el Consejo de Analistas Católicos de México (CACM), manifiesta lo siguiente:
PRIMERO. El máximo tribunal ha declarado la constitucionalidad de las reformas al Código Civil del Distrito Federal obedeciendo a criterios que, desde el ámbito internacional, han venido marcando las tendencias que tratan de otorgar “derechos plenos” a los grupos minoritarios, anteponiendo derechos secundarios y relativizando derechos fundamentales, como el derecho a la vida de las personas desde la concepción.
La V Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los lamentables criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han alterado la esencia de la institución del matrimonio en el Código Civil del Distrito Federal, como consorcio de vida y amor entre un varón y una mujer, usurpándolo y equiparándolo con las uniones entre personas del mismo sexo que, a la luz de criterios antropológicos elementales, no debería ser aceptado en una legislación civil.
SEGUNDO. Al ocurrir lo anterior, el Consejo de Analistas Católicos de México considera urgente que los estados de la Federación blinden sus Códigos Civiles respectivos, a fin de que las legislaturas locales conserven como matrimonio válido el constituido por un hombre y una mujer, de conformidad con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los distintos Tratados Internacionales suscritos por el Estado mexicano.
TERCERO. Como ciudadanos en pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, pedimos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legislar para que el derecho de objeción de conciencia, tanto de oficiales como trabajadores del registro civil, sea reconocido y garantizado para que a nadie se obligue a actuar contra su conciencia y principios morales o religiosos y no se les coaccione cuando por esas razones se nieguen a dar fe de la celebración de estos mal llamados “matrimonios”.
Al mismo tiempo, hacemos un llamado a los legisladores del Congreso de la Unión para que el Constituyente Permanente modifique los artículos 24 y 130 constitucionales para proteger plenamente la libertad religiosa, ya que todo Estado que se jacte de ser democrático garantiza y promueve este derecho fundamental, tal y como el Estado mexicano se ha comprometido por su adhesión a diversos instrumentos internacionales.
CUARTO. Igualmente exigimos que los legisladores del Congreso de la Unión y los diputados de las legislaturas locales revisen los sistemas de adopciones para facilitar el trámite, la asignación de menores y se reconozcan los derechos de los niños -como el caso de tener una madre y un padre- tutelando de manera efectiva el bien del menor.
QUINTO. Como el matrimonio ha dejado de ser el consorcio de vida y amor formado entre un hombre y una mujer en la legislación civil del Distrito Federal, convocamos a todas las parejas que están por unirse en matrimonio civil a boicotear y rechazar cualquier celebración en los juzgados del registro civil de esta ciudad, para casarse en los municipios conurbados del Estado de México o de otra entidad federativa, a fin de manifestar su repudio a una disposición legislativa injusta que ha atentado contra la institución matrimonial.
SEXTO. Finalmente manifestamos que no estamos en contra de los homosexuales; al contrario, los respetamos como personas y la Iglesia no está en su contra. Sin embargo, afirmamos que estas reformas no son un avance de las libertades plenas y sí constituyen un retroceso evidente que relativiza los derechos humanos fundamentales.
Por el Consejo de Analistas Católicos de México (CACM)
CARLOS CÉSAR MONTIEL GONZÁLEZ
DIRECTOR
GUILLERMO GAZANINI ESPINOZA
SECRETARIO
ALBERTO PATIÑO REYES
RESPONSABLE COMISIÓN DE RELACIÓN IGLESIA-ESTADO
JAIME DUARTE MARTÍNEZ
RESPONSABLE DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN E IMAGEN PÚBLICA
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